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Durante la revolución libertadora que derrocó al presidente constitucional Juan Domingo Perón en septiembre de 1955, había miles de presos políticos, entre ellos algunos militantes peronistas detenidos en el buque-prisión Washington, internado aguas adentro del Puerto de Buenos Aires. Allí estaban los generales Juan José Valle y Tanco, entre otros oficiales. Conspiraban para diseñar un movimiento que exigía el cese de la persecución al peronismo; la restitución de la Constitución de 1949 y libertad a los presos políticos. Los conductores del movimiento eran los generales Valle y Tanco; los coroneles Cogorno, Alcibíades Cortínes, Ricardo Ibazeta y capitán Jorge Costales, entre otros.
 En la noche del 9 de junio de 1956 comenzó la insurrección en varias partes del país, pero fue rápidamente desbaratada. En los enfrentamientos los sublevados mataron a tres personas -Blas Closs, Rafael Fernández y Bernardino Rodríguez- y tuvieron a su vez dos muertos -Carlos Yrigoyen y Rolando Zanera-, sin contar a los que fueron luego fusilados.1
 Los dictadores Aramburu e Isaac Rojas (Presidente y Vice del gobierno), sabían de la conjura pero habían decidido no abortarla. Así en la noche del 8 de junio de 1956 son apresados cientos de dirigentes gremiales para restar base social al movimiento. Aramburu viajó ese día a la provincia de Santa Fe, y dejó el Decreto 10.362 de Ley Marcial, y preparados los Decretos 10.363/56, de pena de muerte, y el 10.364 de las personas a fusilar. Los levantamientos fueron entre las 22 y las 24 del 9 de junio. El gobierno establece a las 0:32 del 10 de junio la Ley Marcial por el decreto de Aramburu, Rojas, los ministros de Ejército, Arturo Ossorio Arana, de Marina; Teodoro Hartung; de Aeronáutica, Julio César Krause y de Justicia, Laureano Landaburu. Es decir, que para aplicar la Ley Marcial a los sublevados ésta debía ser aplicada con retroactividad al delito cometido, violando el principio legal de la irretroactividad de la ley penal. Pocas horas después, firman el decreto 10.363 que ordena fusilar a quienes violen la Ley Marcial. Entre las 2 y las 4, se ejecuta a los detenidos en Lanús. Horas más tarde, en los basurales de José León Súarez, la policía bonaerense, a cargo del Teniente Coronel Desiderio Fernández Súarez le ordena al jefe de la Regional San Martín, Comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, que ejecute, con armas cortas, a 12 civiles, lo que realiza en los basurales de José León Suárez, en el partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina. De ellos, cinco mueren y siete logran huir y uno de estos, Juan Carlos Livraga, será el «fusilado que vive» que permite a Rodolfo Walsh reconstruir la historia en su libro Operación Masacre